Descargar Documento Completo Presupuesto y planificación para el desarrollo, sin perder el rumbo por las elecciones El Artículo No. 329 de la Constitución de la República expresa que “El Estado…

Seguimiento y Monitoreo al gasto público en el proceso electoral 2017

Seguimiento y Monitoreo al gasto público en el proceso electoral 2017

Descargar Documento Completo

Presupuesto y planificación para el desarrollo, sin perder el rumbo por las elecciones

El Artículo No. 329 de la Constitución de la República expresa que “El Estado promueve el desarrollo económico y social, que debe estar sujeto a una planificación estratégica. La Ley regula el sistema y proceso de planificación con la participación de los Poderes del Estado y las organizaciones políticas, económicas y sociales, debidamente representadas”. Por lo tanto, leyes, planes gubernamentales, el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República deben ser el reflejo de los lineamientos y objetivos estratégicos contenidos en un plan estatal de desarrollo. Y como fin supremo, el bienestar de las y los hondureños dentro y fuera del territorio. Rumbo, que no se debe perder en el año electoral y en las propuestas de planes de gobiernos de los candidatos a la presidencia de la nación.

Por ello, Honduras cuenta con el instrumento Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022 como referente de la planificación estratégica nacional, tal documento contiene cuatro objetivos prioritarios: i) Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con sistemas consolidados de previsión social, ii) Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia, iii) Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental y, vi) Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. La Visión y el Plan de Nación vigentes en la legislación de Honduras, y que deberían servir como marcos referenciales para evitar se pierda el rumbo del desarrollo.

Los planes de gobierno deben estar concatenados con esta visión. A favor de cumplir los objetivos plasmados no solo en la Visión y Plan de Nación, sino en planificar conforme a lo estipulado en la Constitución de la República para un desarrollo social económico. Los planes de gobierno no deben ser elocuentes palabras o enunciado de voluntades, sino acciones concretas para el cumplimiento de las metas establecidas en estas dos leyes, sobre todo, establecer el cómo se llevara a cabo. La búsqueda del desarrollo necesita acciones puntuales, para así, erradicar la pobreza, el desempleo (también el sub empleo) y la desigualdad, elementos que han mantenido a Honduras en un “círculo perverso del subdesarrollo”. Problemas, que en esta campaña política son más una mención “honorífica”, que propuestas objetivas para combatirlos.

Para hacer realidad las metas de la planificación, se tiene un instrumento valioso: el Presupuesto General de la República. Herramienta indispensable para el desarrollo si es bien utilizado. No obstante, sí la asignación de ingresos y egresos se hace para beneficiar intereses de otro tipo y no para cumplir el deber del Estado, ampliará las brechas de la pobreza y desigualdad y favorecerá a unos pocos con los recursos escasos de las y los hondureños que pagan sus impuestos o endeudando más al país. El presupuesto debe fomentar la mejoría de los servicios públicos: salud, educación, inversión real (construcción de infraestructura básica para la producción, educación y salud) de acuerdo con las prioridades económicas y sociales, cobertura de justicia, entre otras. No obstante, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) mencionó que el presupuesto aprobado para este año 2017, conlleva un alto contenido “electoral” y no esta dirigido a resolver los grandes problemas de Honduras. Esto hace que la planificación fijada, llámese leyes, visiones, estrategias, planes, etc., no están expresadas en las acciones del gobierno actual.

Pero, ¿Cuál es la situación real de las y los hondureños?

Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), para el año 2016 las personas en condiciones de pobreza representaron un 65.7% (5,725519 personas), y un 42.5% (3,703722 personas) corresponde a personas en situación de pobreza extrema. Se han gastado entre 2001-2016 en nombre de la pobreza (en programas para combatirla), L 421 mil millones (de los cuales L 118 mil millones corresponden al gobierno actual). Aunado a ello, la situación del mercado laboral se evidencia en la promoción y fortalecimiento de empleos “precarios”, de tal forma, que del total de asalariados en Honduras; el 71.6% (1,313935 personas) recibe por debajo de un salario mínimo. En contraste, al año 2014 este indicador era de 36.7% (609351 personas) 

[1], es decir, que la situación de ingresos por debajo del salario mínimo se ha incrementado sustancialmente, duplicando las personas en esta maligna situación.

En el subempleo y desempleo con respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), se observa una tendencia en ascenso en los últimos 3 años (ver cuadro 1), lo cual sólo demuestra que los procesos de planificación de gestión económico-social por decreto no han sido efectivos, y que esa búsqueda del desarrollo solo queda como una “carta de intenciones” en los planes de gobierno. A pesar de contar con una Tasa de Desempleo Abierta relativamente promedio con el resto de países de la región, el desborde del subempleo hace que la situación laboral en Honduras no sea nada alentadora. Por ende, el indicador que refleja la distribución desigual de los ingresos (Coeficiente de GINI) llega al 0.52 al 2016 (siendo 1 total desigualdad y 0 es igualdad) según el INE.

Por efecto inflacionario el lempira de hoy tiene un poder de compra de solo 33 centavos de Lempira comparado a L 1.00 del año base 2000, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central de Honduras.

¿Qué acciones se realizan para revertir la situación real de las y los hondureños?

La administración actual ha promovido la ejecución de programas y proyectos en el marco de la Plataforma “Vida Mejor” para el área social, que tiene la finalidad de reducir la pobreza, generar empleos y estimular el desarrollo humano, entre otros. Sin embargo, los indicadores anteriores muestran que las condiciones socioeconómicas de la población van en detrimento. Aunque se han creado programas de empleos (como el empleo por hora, con chamba vivís mejor, entre otros), estos han sido un detonante en el incremento del subempleo invisible y al incremento de la distribución desigual de los ingresos.

La población cada día tiene menor poder adquisitivo de bienes y servicios (alimentos, vestimenta, transporte, vivienda, salud y educación, entre otros), lo que, a su vez impide el ascenso social y/o reducción de la pobreza. Por tanto, los objetivos establecidos en la Visión de País y Plan de Nación se vuelven utópicos cuando prevalecen planes de gobierno con visión asistencialista y de imagen política.

A estos indicadores se suma, el deterioro de los bienes públicos, como la salud y la educación, y la deficiente prestación de servicios básicos y altas tarifas (en energía y agua potable), para la población afectando en mayor medida a los de menores ingresos.

Esta situación representa un alto costo de oportunidad para el país, debido a que los indicadores no muestran mejoría sustancial y el gasto del Estado hondureño es significativo y cada vez mayor. Es decir, los fondos destinados a la plataforma “Vida Mejor” se podrían invertir en sectores o rubros que generen efectos multiplicadores en la economía nacional y el bienestar social, todo lo anterior, sujeto a un plan de desarrollo y a una verdadera evaluación por resultados.

Para el ejercicio 2017 una parte del monto aprobado [3] para los programas de “Vida Mejor” bajo la figura de “inversión social” o “capital humano” y que se incluye en el Programa de Inversión Pública (aspecto que distorsiona e infla el monto de inversión real) ascendió a L 1,654.6 millones. De dicho monto el 85% es financiado con endeudamiento externo y un 15% con fondos nacionales.

En el año 2013, se creó el Fideicomiso del Fondo de Solidaridad y Protección Social mediante Decreto Legislativo No. 278-2013, el cual, también financia programas sociales comprendidos en la Plataforma “Vida Mejor”, dentro de las fuentes de financiamiento de dicho fideicomiso se encuentra el diferencial del incremento del Impuesto Sobre Ventas (ISV) que paso del 12% a 15% (3 puntos porcentuales [4]). Utilizando una “política fiscal perversa” se crean cargas tributarias para una campaña proselitista, y favorecer al partido de gobierno en los siguientes procesos electorales. El actual proceso electoral que se inició en el 2014 y continúa en el 2017 sin observar las normativas que determinan prohibiciones sobre los recursos y financiamiento de la campañas políticas.

El Impuesto Sobre la Venta es la principal fuente de ingresos tributarios del Estado, entonces, la población que menos tiene es la que más paga, en relación con sus limitados ingresos, porque se impone al consumo y no al ingreso y/o utilidades (como el Impuesto Sobre la Renta). En este sentido, cabe resaltar, que ese mismo grupo de población que menos tiene, es el que más está aportando al Fideicomiso para una “Vida Mejor” y probablemente a quienes el Gobierno les entrega el Bono Diez mil, Bolsa Solidaria, Eco-fogones, creando la “ilusión” en la ciudadanía que se les está compensando de alguna manera sus condiciones socioeconómicas carentes provocadas por políticas públicas con tinte político y sin destino al bienestar social. Donde se puede decir puntualmente, los pobres financian a los pobres, pero a favor de la campaña populista del gobierno actual.

Con lo anterior, ¿Se creó las bases de recursos para una campaña electoral?

Todo apunta a una campaña política continua electoral y una pretensión de la administración gubernamental en proyectar una imagen favorable ante la población para o con el objetivo de reforzar la búsqueda o legitimación popular de la reelección. Un ejemplo a considerar, es lo contenido en la Ley de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones -Decreto No. 86-2013 de fecha 21 de mayo de 2013-, donde se especifica “que tengan deudas pendientes con el Estado por concepto de impuestos, tasas, permisos, licencias, servicios públicos, multas recargos o cualquier otro concepto de obligación financiera con el Estado ya sea ésta pasada, presente o futura, podrán acoger…” al programa (Artículo No 1) y se “…podrán pactar con el Gobierno, el pago de la deuda exigible a favor del Estado, mediante publicidad en la forma en que se establezca exclusivamente con el Presidente de la República o a quien éste delegue..” (Artículo No 2)

¿Cuánto deja de percibir el Estado por la implementación de esta Ley? Cuando los montos que pueden ser utilizados para inversión en educación y salud, se aplican a publicidad y propaganda desde julio del 2013. Esas 

cifras no son públicas, no sabemos a cuánto asciende el gasto tributario, lo que sí es público es la constante propaganda del gobierno en diversos medios de comunicación de su labor. Entiéndase, que el gasto tributario son esos recursos (impuestos) que se dejan de percibir por obtener un beneficio mayor, bajo una estrategia de desarrollo claro. Sin embargo, canjear los impuestos por publicidad, es más, una medida de campaña.

Otro elemento que afianza la concentración de publicidad al Presidente de la República, es lo contenido en el Artículo No. 215 de las Disposiciones Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República 2017 (2016 Artículo No. 211 y en el año 2015 Artículo No. 213), que expresa que los recursos destinados a publicidad se centralizarán en el Presupuesto de la Presidencia de la República, y que además solamente este ente está autorizado para ejecutar y aumentar dicho renglón presupuestario. Para el año 2017 el presupuesto asignado para publicidad y propaganda fue de L 32.2 millones y se amplió a L 83.4 millones (representando un 159% de incremento al monto inicial). Sin duda, no representando el monto real en el gasto publicitario del Gobierno.

Situaciones que contrastan con una campaña electoral limpia, ya que en el año 2016 mediante el Decreto Legislativo No. 137-2016 se crea la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos, cuyos principios rectores son la transparencia, equidad, legalidad, imparcialidad, objetividad contable, rendición de cuentas y máxima publicidad en el marco de las funciones electorales. El Artículo No. 30 de esta ley, especifica que “durante el periodo de propaganda y hasta la conclusión de la jornada electoral, se debe suspender las campañas de promoción del Gobierno Central y gobiernos locales, especialmente la establecida bajo el marco de la Ley del Programa Voluntario de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, Decreto No 86-2013”.

Lo expresado en la Ley anterior, se hizo público por la Presidencia de la República hasta el 24 de agosto de 2017, cuando se emitió un comunicado, donde ordena a las instituciones públicas 

suspender toda la publicidad a partir del 28 de agosto [5].

En síntesis, son varios los elementos que indican que durante la gestión gubernamental actual, prevalecen fines electorales, Y el indicio que consolida lo anterior, es el comportamiento del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República 2017.

Entonces, ¿El Presupuesto General de la República 2017 es electoral, o sólo está mal manejado?

En diciembre del año 2016, El FOSDEH señaló que el Presupuesto de la República 2017 contiene fines electorales, y el mismo no está sujeto a una estrategia de planificación para el desarrollo del país. Denota la improvisación en la formulación e implementación, al observar las modificaciones presupuestarias, sobre todo en la ejecución de algunas instituciones y la baja actuación en los gastos, en otras. Lo cual no abona a resolver las verdaderas necesidades del país.

En el presupuesto aprobado de la Administración Central para el año 2017 el monto asignado fue de L 130,499.5 millones y a finales de agosto del presente año se amplió en L 1,313.0 millones. En el caso del Presupuesto General se aprobó L 228,688.1 millones y se amplió a L 231,481.8 millones (se incrementó en L 2,793.7 millones).

Al 31 de agosto del presente año, según datos de la Secretaria de Finanzas, de un total de 71 instituciones de la Administración Central; 58 han sufrido modificaciones a sus presupuestos (36 instituciones presentan incrementos y a 22 se les redujo el presupuesto). Por un lado, instituciones como el Tribunal Supremo Electoral, la Dirección Nacional de Parques y Recreación (institución que no tiene información pública sobre la ejecución presupuestaria por objeto o programas), el Registro Nacional de las Personas, la Presidencia de la República, están dentro de los principales entes con mayores incrementos y ejecución de su presupuesto.

Por otra parte, a instituciones como el Fondo Vial (que acaba de ser intervenido) y la Secretaria de Educación se les han reducido los recursos, de igual manera sufriendo niveles de ejecución bajos (26% y 61% respectivamente) en relación al tiempo transcurrido durante el presente año. Mencionar que en el caso del Fondo Vial, aparte de la reducción en su presupuesto, también se ha venido debilitando su razón de ser, en vista que no se ha cumplido con la asignación del 40% de lo recaudado vía impuesto al combustible [6], y como consecuencia del debilitamiento inducido se justifica la aparición e implementación de entes alternativos que realicen las funciones que por Decreto No 131-1993 corresponden al Fondo Vial [7].

Instituciones sin efectos multiplicadores en el desarrollo del país son prioritarias en el Presupuesto 2017, mientras tanto, instituciones claves para lograr tal fin, son marginadas. Es de esta forma, como en el país se mantiene una cultura inclinada al gasto. Alejado de procesos de una verdadera gestión por resultados y sobre todo sin contar con la calidad del gasto…

Al observar el incremento de un 46.4% de Casa Presidencial (más de L 400 millones en su presupuesto aprobado), y aun así ejecutar un 95.74%, demuestra un gasto excesivo. Y sin temor a equivocarnos, gastos destinados a levantar un perfil del presidente y candidato en búsqueda de la reelección.

Tribunal Supremo Electoral; líder en incrementos presupuestario.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) lidera las instituciones con mayores incrementos en su presupuesto aprobado; de un monto inicial de L 204.6 millones paso a L 369.6 millones en marzo del presente año; mes en que se llevaron a cabo las elecciones primarias. En el mes de junio se modificó nuevamente el presupuesto, ascendiendo al monto de L 814.1 millones, lo cual representa un 297% de incremento sobre el presupuesto inicial ¿Acaso el gobierno en la formulación del presupuesto no contemplaba las elecciones o los procesos electorales? En comparación con años anteriores, el presupuesto vigente para el TSE, solamente es superado por el presupuesto ejecutado en el año 2013 (L 863.9 millones), no obstante, al mes de agosto del presente año, el TSE ha ejecutado el 81.5% de su presupuesto y aun no se ha realizado el proceso electoral general (el 26 de Noviembre), este monto podría superar al registrado en 2013.

El Presupuesto del TSE por grupo y objeto de gasto muestra que las cuentas de “Servicios no personales”, y “Materiales y suministros” concentran las modificaciones presupuestarias más significativas, porque en estos grupos se concentran diversos gastos del proceso electoral (papelería, impresiones de papeletas, alimentos y bebidas, combustible, servicios básicos, entre otros).

Lo alarmante del comportamiento presupuestario del TSE, es la ejecución, a pesar del trascendente incremento en su presupuesto aprobado, permite señalar que el proceso electoral no responde a un proceso de planificación. Aunado a ello, la participación de la población en las elecciones primarias apenas representó un 43% del padrón electoral que según los magistrados del TSE es de 5.9 millones de hondureños, entonces, esta situación representa un alto costo monetario y gasto excesivo, sin duda.

Cuando nos referimos al excesivo gasto en las elecciones primarias, no sólo llegamos a conclusiones un poco obvias; 1. Un país pobre no debe tener procesos electorales onerosos, 2. Es necesario un manejo adecuado y planificado de los recursos asignados al TSE, 3. Es necesario que los partidos políticos financien sus propios procesos (elecciones primarias), con transparencia, rendición de cuentas y bajo supervisión del TSE, Tribunal Superior de Cuentas (TSC), entre otros [9].

Es irresponsable que en las condiciones socioeconómicas del país, se despilfarren recursos, puesto que estos podrían ser utilizados en sectores que contribuyan directamente al desarrollo y bienestar social (salud, educación, infraestructura, etc.), ¿Cuánto nos cuesta el sistema democrático en nuestro país?

Egresos en la Presidencia de la República; falta de planificación o despilfarro de recursos para una campaña electoral.

A la Presidencia de la República inicialmente se le aprobó un presupuesto de L 916.1 millones pero en enero del 2017 se incrementó a L 938.1 millones posteriormente en marzo se modificó nuevamente, quedando un presupuesto vigente de L 941.3 millones. Pese a lo anterior, para la Presidencia no fueron suficientes dichos incrementos, puesto que al 31 de agosto cuenta con un presupuesto vigente de L 1,341.3 millones del cual ya ejecutó el 95.7% [10].

El cuestionamiento es ¿Qué está haciendo la Presidencia de la República y porqué aumenta recurrentemente su presupuesto?
En los egresos por grupo y objeto de gasto se constata que las cuentas con mayor cantidad de recursos aprobados y ejecutados son; Transferencias y Donaciones, y Otros Gastos. Estos grupos solamente tienen las subcuentas “Gastos Corrientes de la Presidencia de la República” y “Asignaciones Corrientes a la Presidencia” respectivamente. Sin embargo, no se brindan detalles sobre dichas subcuentas. En este sentido, se observa discrecionalidad en la ejecución de los recursos. Demostrando poca transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública, una vez más…

Aunado a lo anterior, también se suman elementos como la indisciplina e irresponsabilidad presupuestaria, la débil planificación o la planificación dirigida a intereses particulares. Al parecer prevalece el interés político y la búsqueda de continuismo.

Cabe mencionar que la Administración Gubernamental presente, es a la que más presupuesto se le ha asignado, más modificaciones presupuestarias (aumentos) ha realizado y por ende, quien más recursos ha ejecutado ¿Se le va aplicar sanciones administrativas por este desorden fiscal?

La presencia de políticas populistas con el disfraz de “inversión social” para una vida mejor (¿para quién?), la naturaleza Electoral del Presupuesto y la legislación direccionada a intereses propios del Ejecutivo (Disposiciones Generales del Presupuesto, Ley de Rescate, Promoción y Fomento del Sector de las Comunicaciones, entre otros) son elementos que evidencian una campaña política constante y la intención de utilizar fondos públicos con doble dirección, por un lado dar la imagen de un gobierno eficiente y por otro lado, dar la imagen de un buen candidato a la presidencia de la nación.

¿Y quién financia todo esto?, pues, la ciudadanía que paga sus impuestos o mediante endeudamiento público que al final lo paga la misma ciudadanía. Y ante este panorama, los objetivos estratégicos de la Visión de País y Plan de Nación, cada vez más se convierten en una utopía.

Ante todo lo presentado, es necesario que todos y todas velemos por la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.

 

  • Enlaces sociales:

Deja una respuesta