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Seguimiento y Monitoreo al gasto público en el proceso electoral 2017

Seguimiento y Monitoreo al gasto público en el proceso electoral 2017

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Dentro de la legislación hondureña (Constitución de la República, Ley Orgánica del Presupuesto y Visión de País 2010-2038 y Plan de Nación 2010-2022) se establece la planificación como un elemento fundamental para el desarrollo del país.

Por tanto, los planes de gobierno deben estar concatenados con esta visión. A favor de cumplir los objetivos plasmados no solo en la Visión y Plan de Nación, sino en planificar conforme a lo estipulado en la Constitución de la República para un desarrollo social económico. Los planes de gobierno no deben ser elocuentes palabras o enunciado de voluntades, sino acciones concretas para el cumplimiento de las metas establecidas en estas dos leyes, sobretodo, establecer el cómo se llevara a cabo. La búsqueda del desarrollo necesita acciones puntuales, para así, erradicar la pobreza, el desempleo (también el sub empleo) y la desigualdad, elementos que han mantenido a Honduras en un “círculo perverso del subdesarrollo”. Problemas, que en campaña política son más una mención “honorífica”, que propuestas objetivas para combatirlos.

El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República debe ser el reflejo de los lineamientos y objetivos estratégicos contenidos en un plan estatal de desarrollo. Y como fin supremo, el bienestar de las y los hondureños dentro y fuera del territorio. Rumbo, que no se debe perder en el año electoral y en las propuestas de planes de gobiernos de los candidatos a la presidencia de la nación.

Para hacer realidad las metas de la planificación, se tiene un instrumento valioso: el Presupuesto General de la República, como lo hemos mencionado. Herramienta indispensable para el desarrollo. No obstante, sí la asignación de ingresos y egresos se hace para beneficiar intereses de otro tipo y no para cumplir el deber del Estado, ampliará las brechas de la pobreza y desigualdad y favorecerá a unos pocos con los recursos escasos de las y los hondureños que pagan sus impuestos o endeudando más al país. El presupuesto debe fomentar la mejoría de los servicios públicos: salud, educación, inversión real (construcción de infraestructura básica para la producción, educación y salud) de acuerdo con las prioridades económicas y sociales, cobertura de justicia, entre otras. No obstante, el Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) mencionó que el presupuesto aprobado para el año 2017, conlleva un alto contenido “electoral” y no está dirigido a resolver los grandes problemas de Honduras.

Mediante el monitoreo al ciclo presupuestario, específicamente en la asignación y ejecución de recursos públicos durante el ejercicio fiscal 2017 (periodo en el que se realizó la celebración de Procesos Electorales) se evidencia que la prioridad del presupuesto, fue la celebración de las elecciones primarias y generales.

n periodos anteriores, los procesos de elecciones primarias y generales se realizaban en años diferentes, sin embargo, esa práctica se modificó mediante reforma al artículo 113 de la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas[1], pasándose a celebrar ambos procesos en el mismo año. A partir del actual ciclo electoral. Esto implicaría un crecimiento en el gasto electoral para el año 2017. Sin embargo, según datos del portal de transparencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) el gasto excesivo inicio desde julio del año 2016.

Considerando los procesos electorales celebrados desde el año 2008, el comportamiento del presupuesto del TSE ha sido creciente e improvisado, evidenciado por las reiteradas modificaciones presupuestarias realizadas. Esta tendencia no es ajena al proceso electoral 2017, la indisciplina presupuestaria y la falta de modificaciones continúan sobresaliendo.

En este sentido, es fundamental tener en cuenta la escasez de recursos y las ilimitadas necesidades en el país, es necesario que los procesos electorales se sitúen en marcos de planificación adecuados, para no comprometer presupuestariamente los recursos destinados a sectores prioritarios para alcanzar el desarrollo en el país o tener que recurrir a más endeudamiento público. La práctica recurrente de modificaciones presupuestarias crecientes a instituciones que no generan efectos multiplicadores en la economía nacional constituye un gasto improductivo.

En el gasto realizado en el proceso electoral 2017, a través del Tribunal Supremo Electoral, persistieron elementos que denotan que este gasto tampoco fue eficiente, puesto que actualmente el país está inmerso en una crisis político – electoral, en parte desencadenada por la falta de transparencia y debilidad institucional persistente en la gestión de recursos y procesos públicos.

En el presente documento se brindan los hallazgos más relevantes en cuanto al seguimiento y monitoreo al gasto público en el proceso electoral del año 2017.

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